En la sesión del jueves por la tarde, el Senado bonaerense dio media sanción a una iniciativa firmada por el miembro del bloque massista, Sebastián Galmarini, para declarar el Hipódromo de San Isidro como "Espacio Verde Protegido de Interés Provincial" y fue girado a la Cámara de Diputados, donde esperará por su sanción definitiva.
Esta propuesta avanzó, por ahora sólo en el cuerpo alto, después que el Intendente de ese distrito, Gustavo Posse, impulsara una ordenanza municipal para modificar el Código de Ordenamiento Urbano en su distrito y permitir la construcción de edificios en parte del predio, histórico de la zona norte. Era un texto que rechazaba fuertemente el Frente para la Victoria y el sector del massismo integrado por Galmarini y su madre, la edila Marcela Durrieu, férreamente enemistada con el possismo y precandidata a jefa comunal.
Lo cierto es que pese a las resistencias dentro del Concejo Deliberante, Posse logró su cometido y consiguió que el cuerpo deliberativo diera el visto bueno con el voto favorable de su bloque propio y los miembros de la Unión Cívica Radical, que no responden a su conducción en los papeles pero levantan la mano en maniobras clave como esa.
Sin embargo, la ordenanza aprobada por el HCD derivó en un pleito judicial iniciado por Durrieu durante 2014, quien logró una medida cautelar a su favor. Y días atrás, además, el juez José Abelardo Servin rechazó el planteo esbozado por el sector de la Municipalidad, cuyos abogados solicitaron que el recurso de amparo fuera levantado y recibieron un duro revés.
El avance legislativo del proyecto de marras es otro triunfo para la familia Galmarini, que profundiza la guerra con el alcalde del distrito.
Justamente, esas diferencias llevaron a que Posse pegara el portazo y saliera del Frente Renovador este último verano, iniciando una dura sangría en el armado de Sergio Massa. La salida del ex radical tenía lugar luego que el fiscal Jorge Di Lello aceptara otro pedido de Durrieu, que hizo una presentación de alto contenido político por presunta malversación de fondos enviados desde el Gobierno nacional a las arcas del municipio para invertir en viviendas, urbanizaciones de asentamientos precarios y reacondicionamiento.
La cuestión territorial, en San Isidro, da la sensación de ser eje de todas las discusiones políticas entre Posse y los Galmarini.
Recordar que Posse propulsó, a mediados del año pasado, una medida polémica para erradicar a las familias del barrio Uspallata en la zona de Beccar: la gestión local proponía que las familias allí asentadas dejaran el complejo a cambio de una compensación económica para edificar en otra jurisdicción, fuera otro distrito bonaerense u otra provincia.
Eso también fue echado por tierra, aunque, en ese caso, por obra del Frente para la Victoria. Que impulsó un proyecto para declarar a las viviendas de Uspallata como espacio de interés público y sujeto a expropiación, una iniciativa que tuvo el aval de la Cámara Baja -fue firmada por las diputadas María Fernanda Pan Rivas, Rocío Giaccone y Alicia Sánchez- y recibió la sanción definitiva en la Cámara Alta, incluyendo el voto por la positiva del FR, con críticas de Sebastián Galmarini para Posse y todo.
Una disputa que no da tregua.
Regresar
